Dinorah Figuera advierte que las leyes restrictivas siguen amenazando las garantías democráticas en Venezuela

CARACAS, 23 DE OCTUBRE DE 2026. — El cierre del tercer ciclo de negociaciones entre representantes del Gobierno venezolano y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 ha dejado sobre la mesa uno de los asuntos más sensibles del proceso: la permanencia de instrumentos legales cuestionados por sus posibles efectos sobre las libertades civiles, los derechos políticos y las garantías judiciales.

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora en las conversaciones, ha manifestado preocupación por las dificultades para alcanzar acuerdos sobre la derogación de leyes restrictivas y la recuperación de garantías para los ciudadanos.

Según la información proporcionada sobre una entrevista con la periodista Ingrid Bravo para 2001 Live, Figuera también cuestionó la continuidad de disposiciones como la Ley contra el Odio y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. El contenido exacto de esa entrevista requiere contrastarse con su grabación original.

La Ley contra el Odio, uno de los principales puntos de controversia

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos debido a sus disposiciones penales y al riesgo de aplicación contra expresiones políticas.

Figuera ha señalado públicamente que su delegación busca la derogación de esta normativa, así como limitar la discrecionalidad de las autoridades y los jueces al adoptar decisiones que afecten los derechos ciudadanos.

La discusión se produce mientras las autoridades venezolanas impulsan una reforma parcial de la legislación. Sin embargo, una reforma no equivale necesariamente a su derogación, y las consecuencias jurídicas dependen del texto finalmente aprobado y de su aplicación.

La extinción de dominio y las preocupaciones sobre la propiedad privada

Otro instrumento mencionado en la información atribuida a Figuera es la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, publicada en abril de 2023.

Esta legislación establece mecanismos para identificar y recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas, así como procedimientos para extinguir derechos de propiedad mediante decisiones judiciales.

El debate sobre su aplicación plantea interrogantes acerca de la protección del patrimonio, las garantías procesales y la posibilidad de impugnar actuaciones estatales.

La existencia de una ley de extinción de dominio no demuestra, por sí misma, que toda medida adoptada bajo ella constituya un despojo arbitrario. Para determinar posibles abusos es necesario examinar los procedimientos y las circunstancias de cada caso.

Tercera ronda de negociaciones: avances anunciados, reformas pendientes

El tercer ciclo de conversaciones concluyó el 21 de octubre en Caracas con compromisos para examinar distintos instrumentos legales relacionados con la participación política, las manifestaciones públicas y la legislación antiterrorista.

Entre los asuntos tratados figuran las inhabilitaciones políticas, las disposiciones sobre reuniones y protestas, la Ley Simón Bolívar y aspectos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Las delegaciones también abordaron la creación de una instancia dedicada a las garantías políticas y la participación ciudadana.

No obstante, al concluir esa ronda no se habían concretado todas las modificaciones legislativas reclamadas por los sectores que participan en el debate.

La independencia judicial, una cuestión decisiva

La revisión de las leyes constituye solo una parte de las demandas relacionadas con la recuperación de las garantías democráticas.

La independencia de los tribunales, el respeto al debido proceso y la posibilidad de ejercer los derechos políticos sin restricciones arbitrarias son elementos necesarios para evaluar cualquier reforma institucional.

En ese contexto, las conversaciones también han incluido asuntos relacionados con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y las condiciones para la participación de los distintos actores políticos.

La discusión resulta especialmente relevante para las personas sometidas a procedimientos judiciales o administrativos que afectan su libertad, su actividad política o sus bienes.

El desafío de convertir el diálogo en garantías reales

Las declaraciones de Figuera ponen de relieve la distancia que puede existir entre el anuncio de una negociación y la aplicación efectiva de cambios institucionales.

Para las organizaciones que reclaman reformas, el resultado deberá medirse mediante decisiones concretas: normas modificadas o derogadas, garantías judiciales verificables y mecanismos de protección de los derechos ciudadanos.

La continuidad de las conversaciones no resuelve automáticamente las controversias sobre las leyes vigentes. Su impacto dependerá de los acuerdos alcanzados, de la legislación que finalmente se apruebe y de la actuación de las instituciones encargadas de aplicarla.

Mientras el proceso avanza hacia una nueva ronda, las restricciones políticas, las garantías judiciales y la protección de los derechos fundamentales continúan entre los principales asuntos pendientes.