POLÍTICA INTERNACIONAL | VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS
La administración de Donald Trump respalda una secuencia de reformas institucionales para Venezuela que contempla renovar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral antes de avanzar hacia una nueva elección presidencial. Un esquema de seis pasos atribuido a la estrategia estadounidense incorpora, además, garantías políticas, estabilización económica y acuerdos con los cuerpos de seguridad. Aunque existen avances en las conversaciones, varios detalles del plan todavía no cuentan con confirmación oficial.
WASHINGTON D. C., 26 DE OCTUBRE DE 2026. — El futuro de la transición política venezolana vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática de Estados Unidos, después de que funcionarios del Departamento de Estado ofrecieran nuevos detalles sobre las reformas institucionales que consideran necesarias para celebrar elecciones presidenciales.
Según información publicada por la agencia EFE, Washington respalda una hoja de ruta que comenzaría con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), continuaría con cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y permitiría posteriormente abordar una declaración de falta absoluta en la Presidencia.
De forma paralela, informaciones atribuidas al periodista David Alandete, corresponsal del diario español ABC en Washington, describen iniciativas estadounidenses relacionadas con la reorganización del poder político, la recuperación económica y el funcionamiento de las instituciones venezolanas.
A partir de estos planteamientos, se ha difundido un esquema de seis etapas para explicar cómo podría desarrollarse la transición. No obstante, debe distinguirse entre las reformas anunciadas públicamente, las propuestas que siguen en negociación y los detalles atribuidos a fuentes periodísticas.
Primer paso: renovar el Tribunal Supremo de Justicia
La primera etapa contempla la transformación del máximo tribunal venezolano, considerado una de las instituciones fundamentales para cualquier reorganización del sistema político.
Según las declaraciones de funcionarios estadounidenses recogidas por EFE, Washington espera que el nuevo TSJ pueda establecerse antes de que termine 2026.
El esquema difundido plantea que la selección de magistrados se realice mediante un comité de postulaciones con participación de sectores políticos y que los nombramientos sean sometidos a los procedimientos institucionales correspondientes.
La propuesta original menciona la renovación de 32 magistrados y una meta situada antes de mediados de diciembre. Sin embargo, esos detalles concretos no pudieron confirmarse de manera independiente como compromisos definitivos.
Las conversaciones políticas sí han abordado la creación de un comité para avanzar en la reorganización judicial.
La composición del tribunal, los mecanismos de selección y la independencia de los nuevos magistrados serán aspectos determinantes para evaluar los resultados de esa reforma.
Segundo paso: reorganizar el Consejo Nacional Electoral
La segunda etapa estaría centrada en la renovación de la autoridad electoral venezolana.
El Consejo Nacional Electoral desempeña funciones esenciales en la organización, administración y supervisión de los comicios, por lo que su composición y funcionamiento forman parte de las negociaciones.
De acuerdo con la secuencia expuesta por Washington, la reforma electoral debería producirse después de los cambios en el Tribunal Supremo de Justicia.
El objetivo declarado es establecer condiciones que permitan organizar una votación confiable y garantizar la participación de los distintos sectores políticos.
El esquema también contempla revisar mecanismos legales y administrativos que puedan afectar la inscripción de organizaciones políticas o la participación de candidatos.
Aunque la renovación del CNE forma parte de las expectativas estadounidenses, todavía no se ha confirmado una fecha definitiva para completar el proceso.
Tercer paso: abordar la falta absoluta en la Presidencia
Una vez completadas las reformas judicial y electoral, la estrategia respaldada por Washington contempla avanzar hacia una declaración de falta absoluta en la Presidencia venezolana.
Según el funcionario del Departamento de Estado citado por EFE, ese paso debería producirse después de que estén establecidas las nuevas autoridades del TSJ y del CNE.
La propuesta se desarrolla en el contexto institucional surgido tras la captura de Nicolás Maduro y la permanencia de Delcy Rodríguez al frente de las autoridades interinas.
Sin embargo, la declaración de una falta absoluta no es un trámite meramente político: debe responder a las condiciones y procedimientos previstos por el ordenamiento constitucional venezolano.
El artículo 233 de la Constitución establece diferentes supuestos de falta absoluta y distingue las consecuencias según el momento del período presidencial.
Por ello, la eventual aplicación de este mecanismo requiere una definición jurídica precisa y no puede darse por ejecutada únicamente porque figure en una propuesta de transición.
Cuarto paso: convocar elecciones presidenciales
La celebración de nuevas elecciones constituye el objetivo electoral de la secuencia presentada por los funcionarios estadounidenses.
De acuerdo con la información difundida por EFE, Washington considera que la declaración de falta absoluta debería abrir un período para convocar los comicios.
En las explicaciones atribuidas al Departamento de Estado se ha mencionado un plazo de seis meses.
No obstante, ese período debe distinguirse de los plazos previstos en el artículo 233 de la Constitución venezolana, que contempla elecciones dentro de treinta días en determinados supuestos de falta absoluta.
La forma en que se compatibilizarían las expectativas diplomáticas con las disposiciones constitucionales continúa siendo una cuestión que requiere aclaración.
Hasta el 26 de octubre de 2026 no se ha confirmado una fecha oficial para las próximas elecciones presidenciales como resultado de esta hoja de ruta.
La preparación electoral también dependerá de la actualización de las instituciones, las garantías para los candidatos, la organización de los registros y los mecanismos de observación y escrutinio.
Quinto paso: ampliar las garantías políticas y civiles
Otro componente del esquema contempla mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas.
Entre los asuntos mencionados figuran el funcionamiento de los partidos, la participación de los candidatos, la libertad de expresión, la actividad de los medios de comunicación y el regreso de ciudadanos que permanecen en el exterior por motivos políticos.
Las conversaciones desarrolladas en Caracas también han abordado la revisión de leyes relacionadas con las organizaciones políticas, las inhabilitaciones y determinadas restricciones al ejercicio de derechos.
Estas medidas son relevantes porque una elección no depende únicamente de la jornada de votación, sino también de las condiciones existentes durante la campaña y de las garantías disponibles para todos los participantes.
La aplicación efectiva de esas reformas todavía deberá evaluarse a partir de las decisiones oficiales y de su cumplimiento.
Sexto paso: estabilización económica y acuerdos con las instituciones de seguridad
El último componente del esquema difundido relaciona la transición política con la recuperación económica y la estabilidad institucional.
Las informaciones atribuidas a David Alandete han descrito iniciativas de Washington orientadas a modificar la estructura del gobierno interino, ampliar la participación de operadores internacionales en la industria petrolera y promover cambios en distintos organismos del Estado.
En ese contexto, la recuperación de los ingresos públicos, la inversión y la capacidad administrativa del Estado aparecen como asuntos vinculados al desarrollo del proceso.
La propuesta también menciona la necesidad de establecer garantías para que las instituciones militares y de seguridad respeten las decisiones constitucionales y los resultados de una eventual elección.
No obstante, no se ha confirmado públicamente la existencia de un acuerdo definitivo con todos esos sectores ni las condiciones específicas de su participación.
La estabilidad institucional constituye, por tanto, uno de los desafíos que deberá afrontar cualquier transición política.
¿Qué partes del plan tienen respaldo público?
Las declaraciones difundidas por el Departamento de Estado y recogidas por EFE permiten identificar tres elementos centrales de la estrategia estadounidense: renovar el Tribunal Supremo de Justicia, reorganizar el Consejo Nacional Electoral y avanzar posteriormente hacia una definición sobre la Presidencia que permita celebrar elecciones.
También existen informaciones sobre negociaciones relacionadas con garantías políticas y reformas institucionales.
Sin embargo, otros detalles del esquema de seis pasos, como fechas exactas para todos los nombramientos, la aceptación íntegra del plan por Delcy Rodríguez y la existencia de acuerdos definitivos con las Fuerzas Armadas, permanecen sin confirmación independiente.
La distinción es importante para evitar presentar como decisiones ya ejecutadas aquellas medidas que todavía se encuentran en discusión.
El calendario electoral sigue siendo la principal incógnita
La discusión sobre los plazos continúa abierta entre los sectores que participan en las conversaciones y aquellos que reclaman una convocatoria presidencial más rápida.
Washington ha insistido en la necesidad de crear instituciones capaces de organizar elecciones confiables, mientras dirigentes opositores han solicitado mayor claridad sobre las fechas.
El proceso también se desarrolla en medio de acontecimientos políticos relevantes, como el regreso de María Corina Machado a Venezuela el 25 de octubre.
Por ahora, la renovación institucional y la eventual convocatoria de elecciones continúan dependiendo de negociaciones, procedimientos jurídicos y decisiones que todavía no se han completado.
La hoja de ruta atribuida a la administración Trump describe un posible camino de reformas judiciales, electorales, políticas y económicas. Aunque Washington ha confirmado su respaldo a cambios institucionales fundamentales, el cumplimiento de las seis etapas y la fecha de unas nuevas elecciones presidenciales siguen pendientes de acuerdos y anuncios oficiales.