Raquel Sánchez denuncia obstáculos a la transparencia en el Comité de Postulaciones Judiciales: cuestiona expedientes anteriores y rechazo a la digitalización
VENEZUELA | JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
La abogada Raquel Sánchez, postulada por la organización Foro Penal como representante de la sociedad civil ante el Comité de Postulaciones Judiciales, denunció presuntos obstáculos administrativos y decisiones que, a su juicio, comprometen la transparencia del proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Entre sus principales cuestionamientos figuran el posible aprovechamiento de expedientes de una convocatoria anterior y la negativa a establecer mecanismos digitales para revisar las postulaciones.
CARACAS, 28 DE OCTUBRE DE 2026. — El proceso de renovación de las autoridades judiciales venezolanas enfrenta cuestionamientos desde el propio Comité de Postulaciones Judiciales, instancia encargada de intervenir en la evaluación de aspirantes a cargos en el máximo tribunal del país.
En una entrevista televisiva reseñada en el material suministrado para esta publicación, la jurista Raquel Sánchez expuso diferencias sobre la forma en que se está organizando la revisión de los expedientes y sobre la interpretación de las reglas aplicables a la nueva convocatoria.
Sus señalamientos apuntan a dos aspectos fundamentales: la validez de postulaciones presentadas durante un procedimiento previo y las condiciones de acceso a la documentación que deben examinar los integrantes del comité.
VIDEO | Raquel Sánchez expone sus denuncias sobre el Comité de Postulaciones Judiciales
Material audiovisual suministrado para esta publicación.
Cuestionamientos por el uso de expedientes de una convocatoria anterior
Uno de los principales puntos de controversia gira en torno a los expedientes recibidos durante el proceso de selección desarrollado en mayo.
Según explicó Sánchez, aquella convocatoria habría quedado sin efecto después de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Bajo esa interpretación, el procedimiento actual debería contar con una nueva etapa de recepción de candidaturas y con una evaluación ajustada al marco normativo vigente.
La abogada cuestionó que algunos integrantes del comité pretendan reconocer automáticamente la vigencia de las carpetas presentadas anteriormente, sin realizar una nueva comprobación de los requisitos exigidos a los aspirantes.
Desde su perspectiva, trasladar los expedientes de un proceso a otro sin una revisión adecuada podría afectar la igualdad de condiciones entre los postulantes y la seguridad jurídica del procedimiento.
De acuerdo con su denuncia, Sánchez y otros dos miembros del comité dejaron constancia formal de su desacuerdo mediante un voto salvado.
La validez jurídica de las postulaciones anteriores dependerá del contenido de la reforma, las disposiciones transitorias correspondientes y las decisiones formalmente adoptadas por la instancia competente.
Alrededor de 570 expedientes bajo revisión
Otro de los asuntos señalados por la representante de la sociedad civil es la dimensión del trabajo documental que enfrenta el comité.
Según la cifra expuesta en la entrevista, la instancia tendría que examinar aproximadamente 570 expedientes de postulantes, un volumen que exige procedimientos organizados para garantizar una revisión completa y oportuna.
La evaluación de las candidaturas supone verificar credenciales profesionales, antecedentes, requisitos legales y demás documentos exigidos para acceder a funciones judiciales de alta responsabilidad.
Para Sánchez, la cantidad de expedientes hace especialmente importante contar con herramientas que permitan consultar, ordenar y comparar la información sin depender exclusivamente de archivos físicos.
Denuncian resistencia a digitalizar la documentación
La jurista también cuestionó que no se hayan aprobado mecanismos de digitalización y consulta remota para facilitar el trabajo de los integrantes del comité.
Según su relato, fueron rechazadas alternativas como la creación de correos institucionales, la organización de expedientes en formato PDF y la utilización de bases de datos centralizadas.
Estas herramientas, sostuvo, permitirían que los miembros de la instancia accedieran a la documentación de manera más ágil y en condiciones comparables.
El comité estaría integrado, de acuerdo con las cifras ofrecidas en el material de la entrevista, por 23 miembros: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.
Sánchez considera que limitar el análisis a la consulta presencial de carpetas físicas puede dificultar la fiscalización, especialmente cuando deben revisarse centenares de postulaciones dentro de plazos determinados.
No obstante, la utilización de expedientes físicos no demuestra por sí sola una intención deliberada de ocultar información. Para establecer si existen irregularidades sería necesario examinar las decisiones internas, los procedimientos aprobados y sus efectos sobre el acceso efectivo a los documentos.
Privacidad de los aspirantes frente al derecho al escrutinio público
Otro punto de desacuerdo se relaciona con los argumentos utilizados para limitar la circulación digital de la información.
De acuerdo con Sánchez, algunos integrantes del comité habrían invocado la protección de datos personales y la privacidad de los postulantes para justificar la negativa a digitalizar los expedientes.
La abogada respondió que los aspirantes buscan ejercer cargos públicos de especial relevancia y, por tanto, deben estar sujetos a mecanismos rigurosos de evaluación y control ciudadano.
El debate enfrenta dos obligaciones que deben armonizarse: proteger la información personal que legalmente corresponda mantener reservada y garantizar la publicidad de los elementos necesarios para verificar la idoneidad de quienes aspiran a administrar justicia.
La existencia de datos sensibles no impide necesariamente establecer sistemas digitales seguros con permisos diferenciados, registros de acceso y medidas de protección documental.
La definición de esos mecanismos corresponde a las autoridades competentes y debe ajustarse a las normas aplicables.
Advertencias sobre el cumplimiento de la reforma judicial
Sánchez expresó además preocupación por las posiciones que, según afirmó, han surgido durante las deliberaciones internas del comité respecto de la aplicación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
A su juicio, algunas decisiones podrían apartarse del propósito de establecer nuevas reglas para el procedimiento de selección.
La representante de la sociedad civil advirtió que una reforma legal pierde efectividad cuando los mecanismos de ejecución no garantizan el cumplimiento de sus disposiciones.
Estas observaciones constituyen denuncias y valoraciones de Sánchez. Su comprobación requiere contrastarlas con el texto de la legislación vigente, las actas de las reuniones y las resoluciones adoptadas por el comité.
La credibilidad del sistema judicial, en juego
La selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tiene implicaciones directas sobre la confianza pública en la administración de justicia.
La transparencia de las convocatorias, la igualdad de oportunidades entre aspirantes y la posibilidad de verificar sus credenciales son aspectos esenciales para evaluar la legitimidad del procedimiento.
Por ello, las diferencias denunciadas por Sánchez plantean preguntas que requieren respuestas documentadas: qué ocurrió con las postulaciones anteriores, cuáles son los criterios de admisión y cómo se garantiza que todos los integrantes del comité puedan examinar los expedientes.
También resulta relevante conocer los argumentos de los miembros que respaldaron las decisiones cuestionadas y las medidas previstas para proteger los datos personales sin restringir indebidamente la supervisión.
Las advertencias de Raquel Sánchez sitúan el debate sobre la renovación judicial en un punto decisivo: no basta con modificar las normas si su aplicación no ofrece garantías verificables de transparencia, igualdad y control institucional. La publicación de criterios claros y de decisiones debidamente fundamentadas será determinante para evaluar la credibilidad del proceso.
Material audiovisual: Video proporcionado e incorporado mediante Blogger.
Referencia institucional: Comité de Postulaciones Judiciales y Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Nota editorial: Los señalamientos sobre la reutilización de expedientes, el rechazo a la digitalización y las decisiones internas del comité se presentan como denuncias de la entrevistada. No se dispone aquí de las actas ni de una respuesta oficial de los integrantes cuestionados.
Redacción y adaptación periodística: ¡DIFÚNDELO YA!
Fecha: 28 de octubre de 2026.