Jorge Jraissati exige justicia para los expropiados: reconstruir Venezuela también implica devolver lo que fue arrebatado

WASHINGTON. — La reconstrucción económica de Venezuela no puede limitarse a la llegada de capitales extranjeros, la reactivación de industrias o la recuperación de los servicios públicos. También debe enfrentar una deuda pendiente con miles de ciudadanos y empresarios que perdieron propiedades durante las políticas de expropiación e intervención estatal.

Este es el planteamiento defendido por el economista venezolano Jorge Jraissati, quien, según la información difundida sobre su intervención en el Hudson Institute, destacó la necesidad de establecer mecanismos de restitución patrimonial, compensación y protección efectiva de la propiedad privada.

El costo de las expropiaciones en Venezuela

Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, numerosas empresas, instalaciones productivas y propiedades agrícolas fueron objeto de medidas de expropiación, adquisición forzosa o intervención administrativa.

Jraissati señaló, de acuerdo con la información proporcionada sobre sus declaraciones, que entre 2002 y 2013 el Estado venezolano intervino más de 1.284 empresas, además de otras actuaciones que afectaron tierras, inventarios y bienes productivos.

La cifra requiere contrastarse con su fuente estadística original, particularmente porque las intervenciones administrativas, las expropiaciones y las ocupaciones de bienes corresponden a categorías jurídicas diferentes.

El problema continúa teniendo consecuencias para antiguos propietarios, trabajadores, acreedores y comunidades que dependían de las actividades económicas afectadas.

Restituir propiedades y compensar a las víctimas

Uno de los ejes de la propuesta atribuida a Jraissati es la creación de un procedimiento que permita examinar las reclamaciones patrimoniales y determinar cuándo corresponde devolver un bien o establecer una compensación económica.

“La reconstrucción de Venezuela debe incluir un proceso transparente de restitución de propiedades y compensación a las víctimas, con garantías judiciales y respeto a los derechos de terceros”.

La declaración, compartida en el material de referencia, subraya la importancia de que cualquier mecanismo de reparación respete el debido proceso y permita resolver las controversias sobre la titularidad de los bienes.

También plantea una dificultad práctica: algunas propiedades han cambiado de administración, otras presentan deterioro considerable y ciertas instalaciones han sido transferidas o modificadas con el paso de los años.

El desafío de identificar los bienes expropiados

La magnitud del problema ha sido documentada por organizaciones especializadas en derechos de propiedad.

Según información de Cedice Libertad recogida por Bloomberg Línea en agosto de 2026, la organización dispone de 1.757 registros de afectaciones al derecho de propiedad, entre ellos 654 clasificados como expropiaciones o adquisiciones forzosas.

Sin embargo, esos registros no constituyen un inventario definitivo de todos los bienes susceptibles de devolución.

Para determinar la viabilidad de cada restitución sería necesario revisar títulos de propiedad, antecedentes administrativos, posibles indemnizaciones, derechos de terceros y el estado actual de los activos.

La seguridad jurídica, una condición para recuperar la inversión

El debate sobre la restitución también está relacionado con las posibilidades de recuperación económica del país.

Los inversionistas nacionales y extranjeros necesitan evaluar no solamente la rentabilidad de sus proyectos, sino también la protección de sus activos, el cumplimiento de los contratos y la existencia de tribunales capaces de resolver controversias con independencia.

En ese contexto, una política de devolución de propiedades podría contribuir a mejorar la confianza empresarial, siempre que esté acompañada de reglas claras y mecanismos judiciales efectivos.

No obstante, especialistas consultados por Bloomberg Línea han advertido que la restitución patrimonial, por sí sola, no resolvería todos los problemas estructurales de la economía venezolana.

Una reconstrucción que también exige respuestas a los afectados

El planteamiento de Jraissati introduce una dimensión adicional al debate sobre el futuro económico venezolano: la situación de quienes perdieron bienes y actividades productivas durante las últimas décadas.

La discusión no se limita a devolver instalaciones o terrenos. También comprende la identificación de posibles daños, la evaluación de compensaciones y la definición de procedimientos que protejan tanto a los reclamantes como a terceros con derechos legítimos.

El desafío será transformar las propuestas de restitución en mecanismos transparentes, verificables y jurídicamente sostenibles.

En definitiva, la reconstrucción de Venezuela plantea una pregunta que trasciende las inversiones y los indicadores económicos: cómo reparar las afectaciones patrimoniales del pasado sin generar nuevas vulneraciones de derechos.