Las denuncias de compra de votos parlamentarios que sacudieron a Venezuela entre 2019 y 2020 vuelven al debate público a propósito de un análisis difundido por el comunicador Norbey Marín. Las investigaciones periodísticas, las grabaciones atribuidas a diputados y las sanciones estadounidenses permiten reconstruir un episodio que puso en cuestión la independencia de la representación legislativa.
CARACAS, 24 DE OCTUBRE DE 2026. — La denominada Operación Alacrán constituye uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de la Asamblea Nacional venezolana. Lo que inicialmente surgió como una serie de denuncias sobre presuntos ofrecimientos de dinero a diputados opositores terminó relacionado con una disputa por la conducción del Parlamento y con decisiones judiciales que afectaron a organizaciones políticas.
El comunicador Norbey Marín retomó estos antecedentes en un análisis divulgado a través de su canal de YouTube, en el que examina las formas de influencia política y sus posibles consecuencias para el funcionamiento de las instituciones venezolanas.
El caso conserva relevancia porque existen antecedentes documentados de investigaciones, señalamientos y sanciones internacionales. Sin embargo, esos hechos históricos no permiten concluir, sin nuevas pruebas, que los procedimientos institucionales actuales reproduzcan exactamente los mismos mecanismos.
El origen de la Operación Alacrán
A finales de 2019, cuando la oposición mantenía una posición determinante en la Asamblea Nacional elegida en 2015, comenzaron a circular denuncias sobre presuntos intentos de captar parlamentarios mediante ofrecimientos económicos.
La controversia adquirió mayor dimensión tras investigaciones del portal Armando.Info acerca de diputados que habían intervenido en gestiones favorables a empresarios relacionados con negocios de importación y distribución de alimentos.
Aquellas revelaciones generaron cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y sobre la utilización de posiciones parlamentarias para favorecer a personas investigadas en el extranjero.
De forma paralela, dirigentes opositores denunciaron maniobras destinadas a alterar la correlación de fuerzas antes de la elección de la directiva legislativa prevista para enero de 2020.
La grabación que puso sobre la mesa una oferta de 700.000 dólares
Uno de los episodios más conocidos fue la denuncia formulada por el entonces diputado Alfonso Marquina, quien difundió una grabación de una conversación atribuida a su colega José Gregorio Noriega.
Según Marquina, durante ese intercambio se habría planteado un ofrecimiento de aproximadamente 700.000 dólares a cambio de apoyar una modificación en la conducción parlamentaria.
La grabación fue presentada como evidencia de un presunto intento de compra de voluntades políticas. Su contenido provocó nuevas acusaciones y solicitudes de investigación.
Es importante distinguir la existencia pública de la denuncia de una sentencia judicial que haya determinado definitivamente todas las responsabilidades individuales relacionadas con ese intercambio.
El 5 de enero de 2020: una Asamblea dividida
La crisis alcanzó uno de sus momentos decisivos durante la sesión destinada a escoger a la directiva de la Asamblea Nacional.
Ese día, Juan Guaidó y numerosos diputados opositores denunciaron obstáculos para ingresar al Palacio Federal Legislativo, mientras otro grupo de parlamentarios proclamó una directiva encabezada por Luis Parra.
La oposición cuestionó la validez de aquella elección y sostuvo que no se había cumplido con el quórum necesario. Posteriormente, los diputados que respaldaban a Guaidó realizaron una votación separada para ratificarlo en la presidencia parlamentaria.
El episodio dejó dos directivas enfrentadas y profundizó la disputa por el reconocimiento y el control de la institución legislativa.
Estados Unidos sancionó a parlamentarios y operadores políticos
El 13 de enero de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, anunció sanciones contra siete políticos venezolanos por su participación, según Washington, en maniobras destinadas a obstaculizar el proceso de elección de autoridades parlamentarias.
Entre los sancionados figuraron Luis Parra, José Gregorio Noriega, José Brito, Franklyn Duarte, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y Negal Morales.
Meses después, el 4 de septiembre de 2020, el Departamento del Tesoro sancionó también a David de Lima, a quien señaló como uno de los principales organizadores de los esquemas conocidos como Operación Alacrán y Operación Maletín Verde.
En su comunicado, el organismo estadounidense sostuvo que las maniobras incluyeron presuntos pagos de hasta un millón de dólares por diputado para interferir en la elección de la presidencia de la Asamblea Nacional.
Estas afirmaciones corresponden a las conclusiones y acusaciones administrativas expresadas por las autoridades estadounidenses al justificar las sanciones.
De la disputa parlamentaria al control de organizaciones políticas
Las consecuencias políticas del caso se extendieron más allá de la confrontación por la directiva de la Asamblea.
Durante 2020, decisiones del Tribunal Supremo de Justicia modificaron la conducción de determinadas organizaciones opositoras y permitieron que dirigentes enfrentados con sus autoridades partidistas asumieran estructuras de representación reconocidas judicialmente.
El Departamento del Tesoro estadounidense vinculó esas actuaciones con una estrategia más amplia para alterar el funcionamiento de los partidos y del sistema electoral.
Las decisiones fueron cuestionadas por sectores opositores, que denunciaron una intervención en la autonomía de sus organizaciones.
¿Por qué vuelve a discutirse este antecedente?
El análisis presentado por Norbey Marín relaciona las experiencias de 2019 y 2020 con los riesgos que pueden surgir cuando las decisiones institucionales dependen de mayorías estrechas, negociaciones opacas o mecanismos insuficientes de control público.
El planteamiento adquiere especial interés en los procesos de selección de autoridades judiciales y en la integración de comités parlamentarios, donde cada voto puede tener consecuencias relevantes.
Sin embargo, la importancia numérica de uno o dos votos dentro de un comité no constituye por sí sola evidencia de corrupción, compra de voluntades o interferencia ilegal.
Para establecer responsabilidades en cualquier procedimiento actual sería necesario examinar sus actas, reglas de votación, decisiones, eventuales conflictos de intereses y pruebas específicas de irregularidades.
La transparencia como garantía frente a posibles irregularidades
Los antecedentes de la Operación Alacrán muestran la importancia de que las decisiones parlamentarias estén sujetas a mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La publicación de actas, la identificación de los votos, la verificación del quórum y el acceso a los criterios utilizados para seleccionar autoridades son herramientas que permiten evaluar la legalidad y legitimidad de los procedimientos.
La vigilancia ciudadana y el periodismo de investigación también cumplen un papel fundamental al examinar posibles conflictos de intereses y contrastar las declaraciones de los actores involucrados con documentos verificables.
Un episodio que sigue planteando preguntas sobre el poder
A más de seis años de los acontecimientos, la Operación Alacrán continúa siendo un referente para comprender las disputas por el control de la representación política en Venezuela.
Las denuncias de ofrecimientos económicos, la fractura parlamentaria y las sanciones estadounidenses forman parte de un expediente público que puede examinarse mediante documentos y fuentes identificables.
La principal lección institucional del caso es la necesidad de impedir que las decisiones públicas queden sometidas a intereses ocultos. Investigar cualquier posible irregularidad exige pruebas, transparencia y procedimientos que permitan establecer responsabilidades sin sustituir la evidencia por sospechas.
Fuentes documentales: Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicados del 13 de enero y 4 de septiembre de 2020; investigaciones periodísticas sobre la Operación Alacrán.
Redacción y adaptación: iDIFÚNDELO YA!
Nota editorial: Las acusaciones de soborno se presentan con atribución. No se dispone de pruebas verificadas que permitan extenderlas automáticamente a designaciones institucionales actuales.