VENEZUELA | LIBERTAD DE PRENSA | DERECHOS HUMANOS
Un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa revela que al menos 42 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han muerto en circunstancias violentas en Venezuela durante los últimos 35 años. La organización alerta sobre las deficiencias de las investigaciones judiciales, los expedientes sin esclarecimiento suficiente y las dificultades que enfrentan las familias para obtener justicia. El balance incluye asesinatos durante coberturas informativas, ataques contra comunicadores y otros fallecimientos cuyas circunstancias todavía requieren aclaración.
CARACAS, 6 DE NOVIEMBRE DE 2026. — El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) divulgó un informe que documenta al menos 42 muertes violentas de periodistas y trabajadores de la comunicación en Venezuela durante el período comprendido entre el 5 de noviembre de 1991 y el 5 de noviembre de 2026.
La investigación fue publicada en el contexto del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado cada 2 de noviembre.
El gremio advirtió que las respuestas judiciales han sido insuficientes en numerosos casos, situación que, según su evaluación, ha dificultado el esclarecimiento de los hechos y el acceso de los familiares a mecanismos efectivos de justicia y reparación.
El balance comprende diferentes circunstancias de violencia, desde asesinatos cometidos durante manifestaciones hasta ataques contra comunicadores en sus viviendas o instalaciones de medios.
Es importante precisar que la cifra de 42 corresponde al recuento histórico elaborado por el SNTP. No significa que se haya demostrado judicialmente que todas esas muertes fueron motivadas por el ejercicio del periodismo.
La impunidad y sus consecuencias para la libertad de prensa
El SNTP sostiene que la falta de investigaciones concluyentes puede favorecer la repetición de agresiones contra periodistas y otros trabajadores de la comunicación.
La organización considera que, cuando los responsables de un ataque no son identificados o sancionados, se debilitan las garantías para quienes investigan y difunden información de interés público.
Esta situación puede generar temor entre profesionales que cubren temas sensibles, particularmente aquellos relacionados con corrupción, delincuencia organizada, abusos de autoridad y conflictos políticos.
El sindicato también advierte que el riesgo de sufrir represalias puede fomentar la autocensura y reducir la disposición de algunos comunicadores a investigar determinados asuntos.
La libertad de prensa no depende únicamente de que los medios puedan publicar información, sino también de que sus trabajadores cuenten con condiciones de seguridad para realizar su labor.
Por ello, el gremio reclama que las autoridades investiguen los ataques sin descartar de antemano una posible relación con el trabajo informativo de las víctimas.
Periodistas que perdieron la vida mientras cubrían acontecimientos
Entre los antecedentes documentados por el sindicato aparecen casos de comunicadores que murieron durante acontecimientos políticos y manifestaciones.
Uno de ellos fue Virgilio Fernández, periodista del diario El Universal, quien falleció el 27 de noviembre de 1992 durante el segundo intento de golpe de Estado ocurrido ese año.
De acuerdo con el recuento gremial, Fernández se desplazaba en un vehículo identificado con el nombre del periódico cuando recibió disparos en las inmediaciones del aeropuerto de La Carlota, en Caracas.
Ese mismo día también murieron Fanny Burguera Vergara, vinculada con Radio Caracas Televisión, y Enrique Key, reportero gráfico del diario 2001.
Otro caso corresponde a María Verónica Tessari Ledezma, periodista del noticiero colombiano CMI, quien falleció en enero de 1993 como consecuencia de las lesiones sufridas al ser alcanzada por una bomba lacrimógena durante la cobertura de una manifestación en marzo de 1992.
Estos antecedentes muestran que los riesgos del ejercicio periodístico no se limitan a una sola etapa de la historia política venezolana.
Jorge Tortoza: el reportero gráfico asesinado el 11 de abril de 2002
Uno de los nombres más conocidos del registro es Jorge Ibraín Tortoza Cruz, reportero gráfico del diario 2001.
Tortoza recibió un disparo mientras documentaba los enfrentamientos ocurridos en el centro de Caracas el 11 de abril de 2002.
Su muerte se produjo durante una de las jornadas de mayor confrontación política de la historia reciente del país.
El caso permanece como un referente de los riesgos que enfrentan los fotoperiodistas cuando trabajan en escenarios de violencia.
La labor de un reportero gráfico consiste en documentar acontecimientos para informar a la ciudadanía, incluso cuando las condiciones de seguridad son adversas.
La protección de estos profesionales exige protocolos específicos para coberturas de manifestaciones, disturbios y operaciones de seguridad.
Comunicadores que investigaban corrupción y delincuencia organizada
El informe también recuerda a periodistas cuyas investigaciones o denuncias constituyen antecedentes relevantes para esclarecer sus asesinatos.
Entre ellos figura Mauro Marcano Ramos, comunicador de Radio Maturín, quien fue asesinado a tiros en septiembre de 2004 en el estacionamiento de su residencia, en el estado Monagas.
Marcano difundía información relacionada con actividades del narcotráfico y otros asuntos de interés público.
Otro caso es el de Orel Sambrano, periodista que abordaba temas vinculados con corrupción y delincuencia organizada.
El SNTP considera que, en situaciones de este tipo, los investigadores deben examinar si las publicaciones o denuncias de las víctimas pudieron tener relación con las agresiones.
Sin embargo, la existencia de investigaciones periodísticas sensibles no demuestra por sí sola el móvil de un homicidio.
Esa posible conexión debe establecerse mediante pruebas y actuaciones judiciales.
Mijail Martínez y las denuncias sobre presuntos abusos policiales
El asesinato de Mijail Martínez, ocurrido en noviembre de 2009 en el estado Lara, también forma parte de los casos destacados por el sindicato.
Martínez trabajaba en la producción de un documental relacionado con víctimas de presuntos abusos policiales cuando fue asesinado frente a su vivienda.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura advirtieron sobre una posible relación entre el crimen y las actividades de defensa de derechos humanos desarrolladas por la víctima y su padre.
El caso ilustra la importancia de investigar las amenazas previas y los posibles intereses afectados por el trabajo de los comunicadores.
Para el SNTP, el esclarecimiento de estos hechos requiere identificar tanto a los responsables materiales como a cualquier persona que hubiera ordenado o facilitado el ataque, cuando existan pruebas que permitan establecer esas responsabilidades.
Muertes durante operativos de seguridad: el caso de Guacamaya TV
Entre los acontecimientos recientes incluidos en el balance destaca la muerte de Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, vinculados con el medio comunitario Guacamaya TV, en Cabimas, estado Zulia.
Ambos fallecieron el 21 de agosto de 2020 durante una incursión de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en las instalaciones del canal.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los asesinatos y solicitó investigar la participación de agentes estatales y la posible vinculación de los hechos con la actividad comunicacional de las víctimas.
El SNTP considera que este tipo de casos exige investigaciones independientes, completas y capaces de determinar las responsabilidades que correspondan.
Las denuncias contra funcionarios públicos deben ser examinadas con pruebas y procedimientos judiciales que permitan establecer qué ocurrió y quiénes participaron.
Asesinatos dentro de instalaciones de medios de comunicación
El recuento también incluye el asesinato de Manuel Alejandro Parejo, ocurrido en agosto de 2018 en la sede de Telesol, en Cumaná, estado Sucre.
La violencia dentro de instalaciones periodísticas representa un riesgo particular porque afecta tanto a los trabajadores como a la continuidad de las operaciones informativas.
Para las organizaciones gremiales, la protección de las sedes de medios debe formar parte de las medidas destinadas a prevenir agresiones.
Las autoridades también deben investigar posibles amenazas previas y determinar si los ataques estuvieron relacionados con la actividad de los comunicadores.
Edwin Santos y Yolimar Hidalgo: casos que todavía requieren esclarecimiento
El SNTP incorporó en su balance las muertes de Edwin Santos y Yolimar Hidalgo, aunque aclaró que persisten dudas relevantes sobre las circunstancias de ambos casos.
Santos, locutor y dirigente comunitario de Apure, fue encontrado sin vida el 25 de octubre de 2024 en una carretera entre El Nula y El Piñal, después de que se denunciara su desaparición.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de Naciones Unidas, documentó elementos que cuestionan la versión oficial de un accidente, pero no estableció una causa alternativa de muerte.
En cuanto a Yolimar Hidalgo, comunicadora social vinculada con labores institucionales, fue hallada muerta el 8 de marzo de 2026 en una vivienda de Cagua, estado Aragua.
El sindicato señaló que las informaciones disponibles mantenían abiertas distintas hipótesis sobre su fallecimiento.
La inclusión de ambos nombres en el registro no equivale a afirmar que se haya demostrado un homicidio en todos los casos.
Precisamente por esa incertidumbre, el gremio exige investigaciones capaces de establecer las causas de muerte y determinar si existieron responsabilidades penales.
Dos muertes registradas durante 2026
El informe identifica, entre los casos correspondientes a 2026, al periodista Walter Alexander Jaimes y a la comunicadora Yolimar Hidalgo.
Walter Alexander Jaimes fue asesinado el 28 de febrero de 2026 en el estado Mérida, después de salir de su vivienda en Tovar.
Su muerte fue registrada en la carretera La Variante, en el municipio Sucre.
En el caso de Hidalgo, encontrada sin vida en marzo, el SNTP subraya que todavía es necesario esclarecer las circunstancias mediante una investigación concluyente.
Estos casos demuestran la importancia de distinguir entre homicidios documentados, fallecimientos violentos y muertes cuyas causas todavía están bajo investigación.
El SNTP exige investigaciones que alcancen a todos los responsables
El sindicato sostiene que la respuesta judicial frente a los 42 casos ha sido desigual.
Algunos expedientes han registrado condenas, mientras que otros continúan sin responsables sancionados o carecen de información pública suficiente para conocer sus resultados.
El gremio advierte que una detención policial no equivale necesariamente al esclarecimiento completo de un crimen.
También señala que la condena de un autor material puede resultar insuficiente cuando todavía existen interrogantes sobre quién ordenó el ataque o cuáles fueron sus motivaciones.
Por ello, reclama que las investigaciones incluyan el análisis de amenazas anteriores, denuncias realizadas por las víctimas y posibles vínculos con funcionarios o grupos armados.
Todas estas hipótesis deben ser verificadas mediante pruebas, respetando las garantías del debido proceso.
Las familias también enfrentan las consecuencias de la falta de justicia
El impacto de las muertes violentas no termina con la pérdida de los periodistas y trabajadores de la prensa.
Sus familiares pueden enfrentar años de gestiones ante organismos judiciales, dificultades para acceder a expedientes y gastos relacionados con la búsqueda de justicia.
El SNTP considera que la falta de información oficial prolonga el sufrimiento de quienes esperan respuestas sobre lo ocurrido.
La organización reclama que las familias reciban asistencia jurídica, atención psicosocial y protección frente a eventuales amenazas.
También solicita que puedan participar de manera efectiva en los procesos y acceder a información comprensible sobre las actuaciones judiciales.
Para el gremio, la reparación debe reconocer tanto la pérdida humana como las consecuencias económicas y emocionales de los hechos.
La protección de los periodistas es una responsabilidad del Estado
La organización sindical dirigió sus exigencias al Ministerio Público y a los tribunales venezolanos, a los que pidió rendir cuentas sobre los expedientes y avanzar en las investigaciones pendientes.
También propuso fortalecer los mecanismos de protección para periodistas amenazados y desarrollar protocolos de seguridad durante coberturas de alto riesgo.
El acceso a la justicia, la investigación de las agresiones y la prevención de nuevos ataques constituyen elementos esenciales para garantizar el ejercicio del periodismo.
El sindicato insiste en que las autoridades deben investigar sin prejuicios las posibles conexiones entre los hechos violentos y la actividad profesional de las víctimas.
De igual manera, los procedimientos deben permitir distinguir entre delitos relacionados con el ejercicio periodístico y otros hechos violentos que requieren esclarecimiento.
Treinta y cinco años de casos que reclaman respuestas
El balance divulgado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa abarca diferentes gobiernos, contextos políticos y circunstancias de violencia.
Desde los acontecimientos de 1992 hasta los casos documentados durante 2026, el registro reúne historias de comunicadores que perdieron la vida mientras realizaban coberturas, denunciaban hechos de interés público o se encontraban en circunstancias que todavía requieren investigación.
La organización sostiene que la ausencia de respuestas judiciales suficientes constituye un problema que afecta no solo a las familias, sino también a las garantías necesarias para ejercer el periodismo.
El esclarecimiento de estos casos exige investigaciones individualizadas, acceso a información oficial y determinación de responsabilidades cuando existan pruebas suficientes.
El SNTP documentó al menos 42 muertes violentas de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Venezuela durante los últimos 35 años. El gremio reclama al Ministerio Público y a los tribunales investigaciones completas, información para las familias y medidas eficaces de protección. Aunque las circunstancias y el estado judicial de los expedientes son diferentes, la organización advierte que las respuestas pendientes continúan afectando el acceso a la justicia y las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa.