VENEZUELA | CONFLICTO LABORAL | SALUD Y EDUCACIÓN
Los trabajadores de los sectores salud, magisterio y universidades anunciaron una paralización nacional de actividades de 12 horas para el próximo lunes 16 de noviembre. La convocatoria surge después de varias semanas de reclamos por salarios, pensiones, aguinaldos y beneficios laborales. Los representantes sindicales denuncian que el Ejecutivo venezolano no ha ofrecido respuestas concretas al documento de exigencias entregado el pasado 13 de octubre en el Palacio de Miraflores.
CARACAS, 6 DE NOVIEMBRE DE 2026. — Una asamblea intersectorial celebrada el jueves 5 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) acordó convocar un paro nacional de 12 horas que involucrará a trabajadores de hospitales, centros educativos y universidades.
La decisión fue anunciada por José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), quien explicó que la medida responde a la ausencia de soluciones frente a los reclamos laborales presentados formalmente ante las autoridades nacionales.
La convocatoria reúne a representantes de distintos gremios y sindicatos, entre ellos profesores universitarios, maestros, personal de enfermería, médicos, trabajadores administrativos, obreros, jubilados y pensionados.
Los participantes señalaron que el deterioro de los ingresos y las dificultades para acceder a beneficios contractuales continúan afectando a los trabajadores del sector público.
La paralización fue planteada como una medida de presión para exigir respuestas sobre las condiciones salariales y el cumplimiento de las obligaciones laborales.
El paro nacional está previsto para el lunes 16 de noviembre
De acuerdo con la decisión adoptada en la asamblea, la jornada de protesta tendrá una duración de 12 horas y alcance nacional.
La convocatoria incluye a los sectores universitario, sanitario y educativo, aunque la participación efectiva dependerá de la organización de los trabajadores en cada institución.
Entre los convocados se encuentran profesores, empleados administrativos y obreros universitarios, así como personal médico, de enfermería y docentes de distintos niveles educativos.
Los representantes sindicales buscan que la suspensión temporal de actividades permita visibilizar los reclamos y promover una respuesta del Ejecutivo.
Hasta el momento del anuncio no se había divulgado un horario uniforme para todas las instituciones participantes ni un listado definitivo de los centros de trabajo que se incorporarán.
En el caso de los establecimientos sanitarios, tampoco se habían detallado públicamente los mecanismos de organización de los servicios esenciales durante la jornada.
Por ello, la convocatoria no debe interpretarse como una confirmación de que todos los hospitales, escuelas y universidades suspenderán completamente sus actividades.
Los gremios denuncian falta de respuestas desde el 13 de octubre
El origen inmediato de la protesta se encuentra en el documento de exigencias laborales que representantes sindicales entregaron el 13 de octubre en el Palacio de Miraflores.
Según los dirigentes gremiales, el pliego incluía solicitudes relacionadas con salarios dignos, pensiones, aguinaldos, beneficios contractuales y mecanismos de remuneración.
José Gregorio Afonso explicó que la falta de respuesta oficial motivó la decisión de avanzar hacia una paralización conjunta.
Los trabajadores consideran que los reclamos económicos requieren atención inmediata y que las reuniones previas no han producido resultados suficientes.
La convocatoria del 16 de noviembre constituye una nueva etapa de presión gremial después de movilizaciones y asambleas realizadas durante el año.
Los representantes sindicales también han insistido en la necesidad de establecer mecanismos de negociación que permitan abordar las demandas de manera organizada.
Rechazan el sistema de bonificaciones y exigen recuperar el salario
Uno de los puntos centrales del reclamo es la política de remuneraciones basada en bonos y asignaciones complementarias.
Los gremios sostienen que una parte importante de los ingresos de los trabajadores públicos se entrega mediante beneficios que no necesariamente forman parte del salario utilizado para calcular prestaciones y otros derechos laborales.
Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la base de cálculo de vacaciones, utilidades, aguinaldos y prestaciones sociales.
Durante la asamblea, los representantes sindicales reiteraron su exigencia de incorporar los bonos al salario y revisar los mecanismos utilizados para realizar los pagos.
También plantearon eliminar el Sistema Patria como mecanismo de pago de determinadas remuneraciones, una solicitud que forma parte del documento presentado ante el Ejecutivo.
La discusión gira en torno a la diferencia entre el ingreso total que puede recibir un trabajador y los conceptos que jurídicamente integran su salario.
Los dirigentes consideran que esa distinción tiene consecuencias directas sobre los beneficios laborales y las pensiones.
Exigen que los aguinaldos se calculen sobre los ingresos integrales
La proximidad de las festividades de fin de año ha incrementado la preocupación de los trabajadores por el cálculo de los aguinaldos.
Entre las principales solicitudes gremiales figura que estos pagos se determinen considerando el ingreso integral y no únicamente el salario base.
Los representantes sindicales argumentan que los mecanismos actuales de remuneración reducen el valor de los beneficios contractuales cuando determinadas asignaciones quedan excluidas del cálculo.
También solicitan la apertura de conversaciones para revisar la salarización de los bonos y el respeto de las convenciones colectivas.
La solución de estas diferencias dependerá de las negociaciones laborales, la normativa aplicable y las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Hasta el momento de la convocatoria no se había informado sobre un acuerdo que resolviera las exigencias presentadas por los trabajadores.
Carmen Teresa Márquez respaldó la convocatoria
Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), participó en la asamblea y manifestó su respaldo a una paralización nacional.
La dirigente sostuvo que los trabajadores deben intensificar sus acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Su intervención fue recibida con expresiones de apoyo por parte de los asistentes, quienes coincidieron en la necesidad de mantener la coordinación entre distintos sectores.
El magisterio venezolano ha presentado reiterados reclamos relacionados con remuneraciones, pensiones y condiciones de trabajo.
La participación de sus representantes en la convocatoria busca integrar estas demandas dentro de una acción gremial conjunta.
La jornada anunciada para el 16 de noviembre permitirá conocer el nivel de participación de los trabajadores educativos y el alcance de las medidas acordadas.
El personal de enfermería también exige soluciones inmediatas
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, respaldó la iniciativa durante su intervención en la asamblea.
La representante gremial cuestionó la posibilidad de postergar las mejoras salariales hasta 2027 y sostuvo que las necesidades económicas de los trabajadores requieren respuestas inmediatas.
Contreras también criticó el sistema de bonificaciones y pidió que se restituyera la importancia del salario como base de la remuneración laboral.
El sector sanitario enfrenta desafíos relacionados con las condiciones de trabajo, los ingresos del personal y la disponibilidad de recursos para prestar servicios.
Los representantes de enfermería consideran que las mejoras salariales son necesarias para garantizar condiciones laborales adecuadas.
La participación de este sector amplía el alcance de la convocatoria más allá de los centros educativos y universitarios.
Los trabajadores universitarios denuncian pérdida del poder adquisitivo
La comunidad universitaria también expresó preocupación por el deterioro de las remuneraciones.
Ana Vielma, representante gremial de la Facultad de Ingeniería de la UCV, destacó durante la asamblea la importancia de los trabajadores de educación y salud para el funcionamiento del país.
Su intervención estuvo centrada en la pérdida de valor de los ingresos y en la necesidad de defender las condiciones laborales.
Los profesores, empleados administrativos y obreros universitarios han reclamado durante años mejoras salariales y cumplimiento de beneficios contractuales.
Los representantes del sector consideran que las dificultades económicas también afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones de educación superior.
La convocatoria conjunta busca fortalecer la coordinación entre organizaciones que comparten demandas similares.
Solidaridad con las protestas de trabajadores de Guayana
Durante la asamblea, los participantes también expresaron solidaridad con los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes mantienen acciones de protesta en el estado Bolívar.
Los representantes sindicales hicieron referencia a las manifestaciones desarrolladas por empleados de las industrias básicas, incluidos trabajadores que han recurrido a una huelga de hambre.
Las protestas en Guayana están relacionadas con exigencias laborales y reclamos por el cumplimiento de compromisos económicos.
Los asistentes a la reunión en la UCV consideraron importante mantener la solidaridad entre trabajadores de diferentes actividades productivas.
La coincidencia de movilizaciones refleja la existencia de demandas salariales en distintos sectores del país, aunque cada conflicto presenta circunstancias y negociaciones particulares.
¿Podrían verse afectados hospitales, escuelas y universidades?
La convocatoria tiene el potencial de generar interrupciones temporales en actividades educativas y determinados servicios, dependiendo del número de trabajadores que participe.
En las universidades, la paralización podría involucrar labores docentes, administrativas y operativas.
En las escuelas y liceos, la suspensión de actividades dependerá de las decisiones de los trabajadores y de la organización de cada institución.
En los centros de salud, cualquier medida de protesta deberá considerar la continuidad de la atención indispensable para proteger a los pacientes.
Sin embargo, todavía no existe información suficiente para establecer qué instituciones suspenderán sus actividades ni cuáles mantendrán sus servicios habituales.
Los ciudadanos deberán estar atentos a los comunicados oficiales de sus centros educativos y sanitarios durante los días previos a la jornada.
Los gremios mantienen abierta la posibilidad de nuevas acciones
La paralización de 12 horas fue presentada como una medida inicial de presión dentro del conflicto laboral.
Algunos representantes sindicales han planteado la posibilidad de ampliar las protestas si no se producen respuestas satisfactorias.
No obstante, al momento del anuncio, la convocatoria confirmada corresponde específicamente al lunes 16 de noviembre y tiene una duración prevista de 12 horas.
Cualquier extensión de la protesta requerirá nuevos acuerdos y anuncios de las organizaciones participantes.
Los gremios esperan que la medida contribuya a abrir espacios de negociación sobre salarios, pensiones y beneficios contractuales.
El desarrollo de la jornada dependerá tanto de la participación de los trabajadores como de las eventuales respuestas de las autoridades.
El 16 de noviembre será una fecha clave para el conflicto laboral
La decisión adoptada en la Universidad Central de Venezuela establece una nueva fecha de movilización para los trabajadores de salud, educación y universidades.
El reclamo principal continúa centrado en la recuperación del salario, la revisión del sistema de bonificaciones y el cumplimiento de los beneficios establecidos en las convenciones colectivas.
Los dirigentes gremiales consideran que la ausencia de respuestas al documento entregado el 13 de octubre hace necesaria una acción coordinada.
La jornada también permitirá evaluar el grado de articulación entre sindicatos y organizaciones profesionales de distintos sectores.
Hasta ahora, la paralización constituye una convocatoria anunciada y no una suspensión de actividades que ya se haya producido.
Los gremios de salud, magisterio y universidades acordaron convocar un paro nacional de 12 horas para el lunes 16 de noviembre de 2026. La medida responde a la falta de respuestas que denuncian los trabajadores frente a sus solicitudes de mejoras salariales, revisión de las bonificaciones, pensiones dignas y respeto a las convenciones colectivas. La participación efectiva y el impacto sobre los servicios públicos se conocerán durante el desarrollo de la jornada, mientras los representantes sindicales mantienen sus exigencias ante el Ejecutivo.