Perkins Rocha explica qué debe ocurrir para que María Corina Machado pueda ser candidata presidencial: nuevo TSJ, nuevo CNE y fin de las inhabilitaciones

VENEZUELA | POLÍTICA Y TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Perkins Rocha expuso sus planteamientos sobre la renovación de las instituciones y las inhabilitaciones políticas en Venezuela.

El abogado Perkins Rocha, representante legal del Comando Con Venezuela, planteó que la posibilidad de que María Corina Machado compita en unas futuras elecciones presidenciales pasa por una profunda renovación institucional. A su juicio, el país necesita un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un Consejo Nacional Electoral (CNE) renovado y una revisión definitiva de las inhabilitaciones políticas que restringen el ejercicio de los derechos ciudadanos.

CARACAS, 1 DE NOVIEMBRE DE 2026. — El debate sobre las condiciones necesarias para celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela volvió a cobrar protagonismo tras las declaraciones del abogado Perkins Rocha, quien expuso los cambios institucionales que considera indispensables para garantizar la participación política de María Corina Machado.

Rocha, vinculado al equipo jurídico del Comando Con Venezuela, sostuvo que cualquier proceso electoral debe estar acompañado por garantías constitucionales y por instituciones capaces de actuar con independencia.

Sus declaraciones, recogidas por La Patilla y difundidas mediante publicaciones de ¡DIFÚNDELO YA! en la red social X, se concentraron en tres asuntos fundamentales: la renovación del Poder Judicial, la designación de nuevas autoridades electorales y la eliminación de las inhabilitaciones que considera contrarias a la Constitución.

Un nuevo Tribunal Supremo y un nuevo CNE: los dos pasos fundamentales

Rocha identificó la designación de nuevas autoridades judiciales y electorales como dos hitos centrales para avanzar hacia un escenario de elecciones con garantías.

El abogado vinculó esa propuesta con los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana, que abordan la defensa del orden constitucional y el desconocimiento de determinadas autoridades o regímenes contrarios a los principios democráticos.

“Nada mejor que invocar el 333 y el 350 que hablan del orden constitucional y el espíritu constitucional. Pasa por dos hitos, la designación de un nuevo TSJ y la designación de un CNE”.

Con este planteamiento, Rocha defendió la necesidad de reconstruir las instituciones encargadas de garantizar el respeto a la Constitución y administrar los procesos electorales.

La renovación del TSJ permitiría, según su propuesta, revisar decisiones judiciales y administrativas que han afectado los derechos políticos.

Por su parte, la designación de nuevas autoridades del CNE estaría orientada a recuperar la confianza en la organización, supervisión y transparencia de los comicios.

Las inhabilitaciones políticas, el principal obstáculo que debe revisarse

Uno de los puntos más importantes de las declaraciones de Rocha estuvo relacionado con las restricciones administrativas que han impedido a determinados dirigentes postularse a cargos de elección popular.

María Corina Machado ha cuestionado reiteradamente la inhabilitación que le fue impuesta y ha defendido su derecho a participar en procesos electorales.

Rocha sostuvo que las inhabilitaciones deben ser examinadas por un Tribunal Supremo de Justicia renovado, al considerar que vulneran principios constitucionales.

“Son unas inconstitucionalidades que debería abocarse el nuevo Tribunal Supremo de Justicia a eliminarlas definitivamente”.

Su propuesta apunta a que una nueva instancia judicial revise la legalidad y constitucionalidad de las restricciones políticas y adopte las decisiones que correspondan.

Desde el punto de vista jurídico, la eliminación de una inhabilitación debe producirse mediante los procedimientos y decisiones competentes. La renovación de las autoridades judiciales, por sí sola, no equivale automáticamente a dejar sin efecto todas las restricciones existentes.

En consecuencia, la posibilidad de una candidatura de Machado dependería tanto de la resolución de su situación jurídica como de las condiciones y normas aplicables al proceso electoral que eventualmente sea convocado.

¿Qué establecen los artículos 333 y 350 de la Constitución?

Los artículos mencionados por Rocha forman parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

El artículo 333 establece que la Constitución no pierde su vigencia si deja de observarse por un acto de fuerza o por otros medios distintos a los previstos en ella. También contempla el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Por su parte, el artículo 350 establece el desconocimiento de cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Rocha invocó ambas disposiciones como fundamento de su propuesta de recuperación institucional.

Sin embargo, estos artículos no establecen por sí mismos un calendario electoral ni sustituyen los procedimientos constitucionales previstos para designar magistrados o autoridades del Poder Electoral.

La aplicación de sus principios a un proceso de transición requiere decisiones institucionales y una interpretación jurídica que respete el conjunto del ordenamiento constitucional.

Un TSJ de transición para reconstruir la institucionalidad

Rocha también desarrolló su visión sobre el papel que debería desempeñar el máximo tribunal venezolano durante una eventual transición democrática.

El abogado defendió la creación de un Tribunal Supremo con capacidad para sostener jurídicamente los cambios institucionales y contribuir a la consolidación de un nuevo marco de convivencia democrática.

“Debe ser un TSJ bisagra que sostenga el peso de una transición hacia una nueva República”.

La expresión “TSJ bisagra” fue utilizada por Rocha para describir una institución que, en su propuesta, serviría de enlace entre el orden institucional existente y una etapa de reformas.

Entre los desafíos de un tribunal de estas características estarían la protección de los derechos fundamentales, la resolución de controversias constitucionales y la garantía de independencia judicial.

Su planteamiento también abre interrogantes sobre los mecanismos de selección de magistrados, los criterios de idoneidad y las garantías necesarias para evitar que la renovación institucional reproduzca prácticas de subordinación política.

Rocha cuestiona la reforma de la Ley contra el Odio

El abogado también se refirió a la legislación conocida como Ley contra el Odio, cuya aplicación ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Rocha expresó su desacuerdo con la idea de limitar la discusión sobre esta normativa a una reforma de su contenido.

“Este es el único país del mundo donde el odio no se elimina, donde el odio no cesa, sino que el odio se reforma”.

Con esta crítica, el jurista cuestionó el enfoque adoptado frente a una normativa que considera problemática para el ejercicio de las libertades públicas.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente.

Su contenido y aplicación han sido objeto de controversia por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y el debate político.

La posición expresada por Rocha forma parte de una discusión más amplia sobre las reformas legales que deberían acompañar un eventual proceso de reconstrucción democrática.

¿Qué tendría que ocurrir para que Machado compita en unas presidenciales?

A partir de los planteamientos de Perkins Rocha, la posibilidad de que María Corina Machado participe en unas futuras elecciones presidenciales estaría vinculada con varios cambios institucionales.

El primero sería la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia mediante mecanismos que ofrezcan garantías de independencia y legitimidad.

El segundo consistiría en la revisión de las inhabilitaciones políticas y la resolución de las restricciones que afectan a los potenciales candidatos.

El tercero sería la renovación del Consejo Nacional Electoral para garantizar la administración de un proceso transparente, con reglas claras y participación de los sectores políticos.

A estas condiciones se sumarían la convocatoria formal de las elecciones, la definición del calendario y el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para las postulaciones.

Rocha vinculó sus declaraciones con el debate sobre una eventual vacante presidencial y el horizonte electoral de 2027. No obstante, esa referencia no constituye por sí misma una convocatoria oficial ni confirma la celebración de comicios presidenciales en ese año.

La independencia de las instituciones, en el centro del debate

Las declaraciones del representante legal del Comando Con Venezuela reflejan una discusión sobre las condiciones necesarias para restablecer la confianza en los poderes públicos.

La independencia judicial y la imparcialidad de las autoridades electorales son elementos fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos.

Una eventual renovación institucional también tendría que contemplar procedimientos transparentes de designación, mecanismos de rendición de cuentas y garantías para la participación de distintas organizaciones.

El debate no se limita a la situación de una candidatura concreta, sino que incluye las condiciones bajo las cuales todos los ciudadanos y organizaciones políticas podrían participar en futuras elecciones.

Perkins Rocha sostiene que la posibilidad de que María Corina Machado compita en unas elecciones presidenciales depende de una transformación institucional que incluya un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, la renovación del Consejo Nacional Electoral y la eliminación de las inhabilitaciones que considera inconstitucionales. Su propuesta coloca la independencia judicial, las garantías electorales y el respeto a la Constitución en el centro del debate sobre el futuro político de Venezuela.